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viernes, 25 de abril de 2008

Ya han pasado diez años desde la catástrofe de Doñana.

Hay tantas noticias hoy de relevancia: el aceite de girasol, la abstención del PP e IU, las matemáticas y las manzanas, etc, que no sabía cuál tratar. Así que finalmente me he decidido por hablar de nuestro deteriorado medio ambiente. Y es que hoy justamente, se “celebra” el décimo aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar.

Aquel sábado 25 de abril de 1998, se rompió el muro de contención de la balsa de residuos de la mina de Boliden. Por esa fractura pasaron nada menos que seis millones de metros cúbicos de agua y lodos tóxicos de pirita. Como consecuencia de ese enorme caudal, se desbordaron los ríos Agrio y Guadiamar, llegando esa agua contaminada hasta el Parque Nacional de Doñana.

En nuestra memoria están grabadas aquellas imágenes de cantidad de peces flotando muertos en el agua (nada menos que casi 35 toneladas de peces muertos), como de aves enfangadas de eso lodos tóxicos y también de la enorme cantidad de tierras anegadas por los residuos (nada menos que casi 5.000 hectáreas). Fue una catástrofe muy superior a la del Prestige, pero los culpables continúan sin pagar por ello.

Desde la Junta de Andalucía se afirma orgullosamente que se ha conseguido prácticamente hacer desaparecer todo el daño ocurrido, ya que en aquella balsa minera donde antes había lodo, ahora hay placas solares con capacidad para abastecer de electricidad casi a 7.200 hogares. Además, a su alrededor, el Parque de Actividades Medioambientales incentiva la industria y el empleo en la comarca.

Pero todo no es tan bonito como lo pintan, ya que todavía se puede ver un vertido de metales pesados, pequeño pero constante, que le da un color anaranjado a un arroyo cuyas aguas llegan al mismísimo río Guadiamar.

No se puede negar que la Junta ha hecho un buen trabajo, pues los alrededores del río están llenos de vegetación, aves y agua limpia, imagen muy distinta a la de hace diez años, aunque todavía mejorable, ya que quedan restos de aquella salvaje devastación.

De hecho, la misma Junta admite que hay que mejorar la zona, aunque reprocha a los ecologistas que falsean los datos. Y los ecologistas reconocen el buen trabajo realizado por la Junta pero critican la dejadez de la administración.

Y es que todavía hoy, tras un lío judicial difícil de entender en el que se descartó la vía penal, la empresa sueca Boliden-Apirsa que causó el desastre, del que ya han pasado diez largos años, todavía no ha pagado un solo euro por el daño que cometieron con su mina. Debe haber alguna buena relación entre los abogados que denuncian a la empresa y la misma empresa, porque si no, no entiendo nada. Lo que está claro, es que los suecos se hacen los suecos.

Pero lo peor del asunto es que a día de hoy no hemos aprendido todavía la lección. En el año 1994 hubo ecologistas que denunciaron la llegada de residuos tóxicos peligrosos a Aznalcóllar, pero no se les hizo caso, pues la misma Junta negó el peligro evidente. Incluso una año después, un ex ingeniero de Boliden presentó un informe técnico en el que textualmente decía: “La contaminación que sufren los ríos Agrio y Guadiamar, aparte de ser evidente, si no se clausuran las presas, corre el riesgo de provocar un desastre natural de incalculables consecuencias, ya que el Guadiamar es uno de los afluentes que atraviesa el Parque Nacional de Doñana”. Y en 1996 los ecologistas se manifestaron en las puertas de la mina denunciando las filtraciones y las grietas de la balsa de la mina.

Nadie les hizo caso. Y así el 25 de abril de 1998, la balsa de la mina de Aznalcóllar se rompió y originó la catástrofe ya comentada.

Hoy también existen denuncias de ecologistas en la misma zona. Éstos advierten que a sólo diez kilómetros, la mina de Las Cruces pondrá en grave riesgo un acuífero y expulsará en pocos meses otro vertido tóxico (arsénico, mercurio, cadmio) al Guadalquivir. Nadie les hace caso. Es más, el Director de Prevención Ambiental ha autorizado este vertido continuado las 24 horas del día durante 15 años, ¡nada más y nada menos! Por cierto, que este personaje ascendió la semana pasada a consejero, a pesar de tener denuncias por prevaricación.

¿Os suena la unión de una advertencia ecologista más el caso omiso de las autoridades? A mí sí, pero espero que esta vez la cosa no termine en catástrofe y alguien se dé cuenta del problema. Aunque no creo que sea la misma Junta pues opinan que la mina de las Cruces tiene todos los avales y permisos necesarios, que no tienen balsa y que después de la experiencia de Aznalcóllar no volverán a equivocarse. Tiempo al tiempo...

A pesar de todo, la zona se encuentra mejor que antes del vertido de hace diez años, gracias a la labor de las administraciones, ya que tanto la Junta como el Gobierno han invertido casi 200 millones en limpiar y regenerar el Guadiamar y convertirlo en un corredor verde. ¿Por qué no paga ese dineral la empresa sueca y no los españoles que no causamos ningún desastre?

Pero éste no es el único desastre ecológico en que los culpables no pagan sus inútiles condenas verdes. Existen decenas de sentencias firmes que siguen sin cumplirse tras muchos años de juicios. Es más, las administraciones son las primeras incumplidoras y las que amparan esas situaciones de ilegalidad.

¿Cuántas sentencias por daños al medioambiente quedan sin cumplir en España? Ni idea, pero muchísimas. Voy a poner unos cuantos ejemplos: minas devoradoras de espacios protegidos, construcciones impúdicas amparadas por los ayuntamientos, hidroeléctricas que devastan ríos, etc. El problema está en que las sentencias firmes nunca llegan a ejecutarse.

Lo único que podría funcionar es que se introdujese la vía penal en estos casos, ya que el miedo a la cárcel podría ser efectivo, pero en nuestra nueva Ley de Responsabilidad Ambiental creo que aún no se reconoce esta vía, tan sólo se obtienen condenas en las que las empresas causantes del daño pagan una multa (de hasta dos millones de euros) y tienen la obligación de reparar y restaurar a su estado previo los medios dañados, cosa que tal vez funcione, pero no como una pena de cárcel. La nueva Ley, al menos obligará a las empresas de riesgo a contratar seguros para poder reparar los daños causados.

Lo malo es que nuestra justicia va muy lenta, por ello se deberían tomar medidas cautelares, porque los procesos son muy largos, con lo que será difícil ejecutar las sentencias. Por ello se debe denunciar al primer síntoma de daño al medio ambiente.

Sin paralización cautelar, la actividad denunciada continuará, y cuando por fin se dicte sentencia el daño ya estará hecho. El problema es que incluso con sentencia firme, la actividad tampoco se para. ¿Por qué? Porque no se ejecutan las sentencias, así de claro, y eso es algo que hay que solicitar para pasar por un nuevo y tedioso proceso. ¿Pero por qué los mismos juzgados no se encargan de velar por la ejecución de su sentencia? Ésa es una de las competencias que les da la Constitución Española, ¡qué la hagan cumplir porras!

Evidentemente, la minería no es la única labor que deteriora gravemente el medio ambiente, de hecho, en el diario Público de hoy se destacan algunos casos: el de la ladera sembrada de casas en Cantabria, viviendas levantadas en suelo rústico, construidas en bosques de especial protección o en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, hay hasta 500 viviendas que tienen sentencia firme de derribo, pero ninguna ha recibido la visita de la empresa de demolición. También está el notable caso del Alto del Cuco, con enorme impacto visual al destrozar otra ladera, un juez ha parado las obras, pero aún no hay una sentencia firme. Sí la hay, en el caso del pueblo de Argoños, donde se han declarado ilegales cinco urbanizaciones, pero el alcalde no hace ni caso. Evidentemente los afectados son los que han comprado esas viviendas ilegales.

Otro caso destacado es el de los pescadores en favor de los peces, en el que tras quince años de juicios, una sencilla asociación de amantes de la pesca y la naturaleza ha derrotado nada menos que a la Confederación Hidrográfica del Tajo, a Unión FENOSA y la Electroquímica Navarro S.A., y todo por crear presas que dañaban el curso fluvial creando barreras infranqueables para los peces que acaban a veces triturados en las turbinas. A pesar de ello la Justicia fue inútil, ya que se siguen explotando las turbinas.

Está también el caso de Feixolin, otra mina a cielo abierto con diez sentencias firmes que declaran ilegal la mina, debiendo ser clausurada, aunque la Junta de Castilla y León prohibió la ejecución de la sentencia, ¡increíble! Por no hablar del cambio de campos de golf (donde juegan golfos) por bellos paisajes, entre ellos el complejo deportivo turístico Dehesa de Montenmedio en Cádiz, cuyas instalaciones tienen una sentencia firme de derribo desde el año 2003, y otras cuantas más, pero aún siguen en pie.

La capital de España no se queda corta, ya que en Madrid, decenas de miles de ciudadanos han estado aspirando a una casa ilegal sin tener la menor idea, ya que 22 de los nuevos ámbitos proyectados por el Ayuntamiento de Madrid son ilegales por obra y gracia de el mismo Ayuntamiento y del Gobierno regional. Lo cual fue reafirmado por el Tribunal Supremo en una sentencia firme de julio del pasado año. Entre las viviendas afectadas ya hay proyectos ejecutados, como la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la Terminal 4 de Barajas. El problema vino porque en 1997 el gobierno del pepero Álvarez del Manzano recalificó nada menos que 34 millones de metros cuadrados, ¡qué se dice pronto! A ver si se aplica la Ley del Suelo de una vez que autoriza a cualquier ciudadano al cumplimiento de la legalidad urbanística incluso años después de concedidas las correspondientes licencias por el Ayuntamiento.

Yo añadiría el caso de Deuda Mítica en Benidorm, pues donde ahora se ubica el parque Terra Mítica (hice la promesa de no poner mis pies en él), antes había un bosque que se quemó misteriosamente, se recalificó la zona y tachín tachán surgió el parque temático.

También, relacionado con los daños al medio ambiente, y antes de despedirme, os quiero comentar el triste suceso acaecido en la vecina localidad de Elda, donde la rotura de una tubería ha provocado una fuga de nada menos que 200.000 litros de agua. Dicha rotura fue causada por los obreros de un edificio en construcción, dejando a buena parte del centro de la ciudad sin agua durante ocho horas. Aunque eso es lo de menos para mí, ya que lo importante es el agua desperdiciada, que podría haber sido mucha más sin la rápida actuación de los técnicos de la empresa Aquagest pues cortaron el agua en tan sólo un cuarto de hora.

¿Qué pena habría que poner a los causantes del despilfarro? Que son esos trabajadores que mientras abrían una zanja con una retroexcavadora para entroncar con la red general del alcantarillado, reventaron la tubería de forma accidental, lo que hizo brotar una columna de agua de varios metros de altura por la elevada presión de la red en ese punto. Lo peor es que su empresa constructora no había solicitado permiso al Ayuntamiento antes de acometer los trabajos que originaron la fuga, pues habrían sido informados de la situación de la tubería. La única pena que se le pondrá a la empresa es el pago del coste de la reparación y del agua derrochada, ¿pero quién nos devuelve esa agua? Nuestra cultura del agua sigue siendo nefasta...

Y así os dejo por hoy, queridos lectores, hoy me he extendido un poco de más, mañana seré más breve, os lo prometo. Espero que mi opinión no merezca llevarme a la hoguera, donde deben ir a recibir el justo castigo del fuego purificador todas las personas, empresas, o administraciones públicas que deterioran o permiten el deterioro del medio ambiente, como la empresa Bentolin, que diez años después sigue impune.

¡Buenas noches!

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